Redes perversas (SEGUNDA DE TRES PARTES)

En diciembre pasado, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez reconoció que con la llegada de Robledo se consolida la coordinación operativa entre las Secretarías de Marina y Seguridad Pública Federal, y que para todos es evidente que ya dio sus primeros resultados con la muerte del otrora “Jefe de Jefes”, Arturo Beltrán Leyva, así como con la desarticulación de este cártel y que para muchos, no es otra cosa que una venganza de Joaquín “Guzmán” Loera, “El Chapo” Guzmán por la ejecución de uno de sus hijos.

Director de Seguridad Pública de Tabasco en 1982 durante la administración del ideólogo Enrique González Pedrero, Robledo Madrid tuvo muchos detractores, al grado que de acuerdo a diversos informes de inteligencia, fue quien presentó a Alcides Ramón Magaña con su primo hermano Mario Villanueva Madrid, encarcelado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y actos de corrupción, y recientemente extraditado a los Estados Unidos.

A Wilfrido Robledo Madrid le cuelgan muchos santitos; sin embargo, pocos saben por qué motivos y es que atrás de él están hombres muy poderosos a quienes les ha servido de escudo, por eso, en Tabasco cuando según dicen desde un helicóptero ordenó ametrallar a manifestantes, nunca se le culpó de este hecho sangriento, así como de otros, muchos de ellos vinculados con la delincuencia organizada.

Entre ellos, según revelaciones, están el ex candidato presidencial Roberto Madrazo, así como el actual representante del PRI en el Senado, el ex gobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones.

Iniciativa Mérida

Considerado como uno de los operadores de la Iniciativa Mérida por parte del gobierno mexicano, resulta contradictorio que la DEA -misma que para este año formalmente tendrá sus oficinas en nuestro territorio, además de las que tiene en la embajada de Estados Unidos y consulados- , según informes confidenciales, formase parte de la lista de funcionarios elaborada por dichas instancias, que no deberían ocupar cargos jerárquicos en el régimen y que publicó The New York Times. 

Asimismo, cabe mencionar que esta instancia, o sea la DEA, es ahora la que está “palomeando” a los altos mandos de la PFM, principalmente los llamados jefes regionales, quienes desde la semana pasada empezaron a dejar sus cargos, para ser enviados a otras plazas o permanecer “congelados”.

Y es que conforme a dichos acuerdos, a cambio de 300 millones de dólares en equipo y materiales, Estados Unidos ya tiene injerencia oficialmente en todo lo relacionado a la seguridad pública, especialmente en delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Inhabilitación anulada

A pesar de que a inicios del sexenio foxista inhabilitó por doce años al ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Robledo Madrid, así como a otros 18 funcionarios públicos, luego se desdijo, además de que otro de los indiciados, García Luna fue absuelto por el entonces titular de la PGR, general Rafael Macedo de la Concha.

Alejandro Gertz Manero, en ese entonces flamante titular de SSPF paralelamente junto con la Secretaría de la Contraloría (Secodam), formularon denuncias por la adquisición irregular de 12 aeronaves y la adjudicación directa de varios contratos para esta compra. En total, el perjuicio a la institución ascendía a 5.7 millones de pesos o casi 350 mil dólares.

Por eso en abril de 2002, la entonces Secodam inhabilitó hasta por 12 años a Robledo junto con sus colaboradores y les impuso una multa de 2.7 millones de pesos. Aún inhabilitado, el jefe policiaco fue designado por el gobernador Enrique Peña Nieto como titular de Seguridad Pública del Estado. “El Gavioto”, llegó incluso a justificar su contratación con el argumento de que la inhabilitación era sólo en el “ámbito federal”.

Otros que también sufrieron el mismo castigo fueron ex servidores públicos como Gerardo Cajigal Estrada, oficial mayor; Arturo Hidalgo López, director general de Programación, Organización y Presupuesto; Jorge Castillo Díaz, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales; y Roberto Pedro Martínez, director general de Asuntos Jurídicos, todos ellos adscritos a la Secretaría de Gobernación durante la administración de Ernesto Zedillo y que según trascendió, muchos de ellos ya se preparan a reincorporarse nuevamente a la ubre gubernamental.

Por lo que corresponde a la Policía Federal Preventiva, los funcionarios inhabilitados fueron además de Wilfrido Robledo; Alfredo Trejo, director general de Recursos Financieros; Patricia Vázquez, directora de Tesorería; Antonio del Valle Caballero, coordinador de Transportes Aéreos; y Antonio del Río Soto, director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

La Secretaría de la Función Pública informó que la medida se tomó como resultado de una auditoría que se llevó a cabo al interior de la Policía Federal Preventiva, y que fue practicada por la dirección general de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. Mediante esa investigación, según se informó oficialmente, se detectó por ejemplo la adquisición “indebida” de un avión Sabreliner NA-265-60, matrícula XA-SKB cuyo costo fue de 920 mil dólares. Al respecto la dependencia de la Función Pública anunció que “se adjudicó en forma directa la compraventa sin existir justificación debidamente fundada y motivada, ni dictamen favorable del Comité de Adquisiciones para exceptuar de licitación pública esa adquisición, ni mucho menos contaba con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Respecto de la Secretaría de Gobernación, se informó que en el contrato de compraventa celebrado el 25 de octubre del año 2000, intervino el oficial mayor de dicha dependencia, asistido por el comisionado de la Policía Federal Preventiva, como compradores, y como vendedora la empresa Aerosaba, SA de CV; asimismo se señala que en la operación suscribieron el contrato los ex directores generales de Programación y Presupuesto, Recursos Materiales y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Pese a los resultados, y de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, no se hizo patente el daño patrimonial, “ya que el avión sí se adquirió y actualmente forma parte de la Policía Federal Preventiva; sin embargo, la sanción impuesta obedece a que la irregularidad en que incurrieron los ex servidores públicos se estimó que fue grave, dado que, por el nivel jerárquico que ocupaban, al celebrar el acto jurídico de la compraventa y efectuar el pago, es claro que debían de conocer si se cumplían los requisitos para adjudicar en forma directa el contrato”.

En ese tenor, la dependencia asegura que, además, se contaba con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar el gasto. JAV