Purga policíaca

Como acostumbra, rodeado de sus bienquerientes, los periodistas, con transmisiones en vivo de las televisoras localitas, y con tono populista, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, anunció la mañana de este lunes, que despedía a 105 malos elementos de la Policía Regia, por “no cumplir con el perfil” requerido para el puesto.

El argumento del alcalde de que se hizo una "investigación profunda y profesional" para despedir a los 105 policías resulta corto, porque no se formularon cargos criminales en contra de nadie y se dejó a criterio de las diferentes instancias de justicia, la decisión de dar seguimiento legal contra quienes se tengan sospechas de haber participado en la comisión de delitos. Claro que no habrá nada de eso, a nadie le importa.

Así es que cualquier ciudadano de Monterrey, con tantito sentido común, no puede hacer reconocimiento a su alcalde por una acción como el despido de policías que hizo "a medias", porque ninguno fue puesto a disposición de ninguna autoridad, con lo cual se reitera que Larrazabal, como siempre, no entendió que si las cosas se hacen hay que hacerlas bien, y al haber cesado a 105 policías debieron realizarse decenas de consignaciones.

Pero no son todos, hace dos meses también cesó a 52 policías, dando un total de 157 elementos que están listos para sumarse a cualquier fuerza que los requiera, donde se les pague más.

Claro, Rodrigo Medina también contribuyó a la cuota cesando en días pasados a 81 malos elementos de Seguridad Pública del Estado. Así que a partir de hoy se encuentran 238 malos elementos policíacos, ahora “ex”, bien capacitados en manejo de armas y con conocimiento de las deficiencias y vicios que existen en los cuerpos de seguridad en Nuevo León y en Monterrey.

Eso sin contar, claro, los que al rato va a anunciar triunfalmente alguno que otro alcaldito metropolitano.

Volviendo a Monterrey, en algunos casos, las consignaciones de policías cesados procedían si se toman en cuenta las causales del despido que van desde extorsiones ('mordidas'), denuncias en la Fiscalía del Estado por 'levantones' o secuestros, daño a infraestructura y equipamiento, robo, no presentarse a los exámenes de antidoping y no haber aprobado los exámenes de evaluación de confianza, entre otros.

Algunas de estas causas podrían ser consideradas como "faltas administrativas", pero otras son acciones criminales por las cuales los ahora ex policías municipales debieron haber sido puestos a disposición de las autoridades ministeriales para ser investigados.

Imaginamos el pánico que han de estar sintiendo los ciudadanos que fueron objeto de "levantones", secuestros, robos o agresiones en los que presuntamente participaron algunos de los malos elementos que fueron despedidos de la Policía Regia pero que ahora andan en la calle.

El tema de la seguridad pública seguirá siendo de suyo preocupante, porque pese al cese masivo la corporación policíaca podría seguir contaminada de malos elementos bajo la premisa de que en la lista de malos policías "ni son todos los que están, ni están todos los que son".

Porque la vigilancia policíaca vendrá a menos, ya que se tendrán ahora menos elementos y por el gravísimo riesgo que se corre al dejar en la calle a ex policías que eran a la vez delincuentes o a delincuentes que eran policías.

No, no se trata de hacer leña del árbol caído, en este caso de aprovecharse de la desgracia de los ex policías, sino simple y sencillamente que era de justicia proceder legalmente en contra de aquellos ex policías que incurrieron no sólo en conductas irregulares sino hasta ilegales y que traicionaron la confianza de la ciudadanía, no de los funcionarios de alto nivel, porque ellos al rato se van, se van a otro puesto para seguir medrando del presupuesto público, faltaba más. JAV