La injusticia en México

Los sexenios pasan y la percepción de muchos es que la justicia en México continúa siendo la misma: de mala a pésima. Y no sólo por su probada incompetencia sino por la inocultable corrupción existente en múltiples niveles. En la encuesta que sea, la policía, junto con los diputados, consistentemente ocupan el último lugar en el aprecio y confianza ciudadanas.

Los casos como el de Hugo Alberto Wallace, Luis Alfonso Belmar, Enrique Salinas de Gortari, Fernando Martí; Siliva, la hija de Nelson Vargas y el publicitado escándalo de la niña Paulette nos restriegan en la cara la dura realidad.

Nuestro aparato de justicia es torpe, ineficiente, lento y corrupto.

Indigna corroborar que en muchas de las bandas delictivas se encuentran elementos policiacos, tanto federales como estatales, y lo más grave: existe la sospecha de que en los altos niveles se encuentran jefes policiacos, coludidos con funcionarios que supuestamente están para salvaguardar nuestra seguridad.

En México el índice de impunidad alcanza un impresionante 98 por ciento. Eso quiere decir que de 100 delitos reportados, sólo dos reciben una sentencia por un juez. Y eso que sólo el doce por ciento de los delitos es reportado, tanto por desconfianza en el sistema como porque los policías piden dinero para iniciar la investigación.

¿Por qué tamaña ineficiencia? Muchas razones. Resulta que del total de las personas que se encuentran en la cárcel, el 90 por ciento fueron detenidos en flagrancia. ¿Qué traduce esto?, simplemente que en México no se tiene capacidad de investigar. Si los "polis" no detienen a alguien al momento del delito la posibilidad de que el delincuente sea capturado es extremadamente escasa.

No hay capacidad para llevar a cabo minuciosos procesos de investigación de acuerdo a la moderna metodología policiaca. Y lo que es peor, aquí los juicios se apoyan en delaciones, "confesiones" imposibles de verificar y testigos comprados. Los jueces, según varios litigantes, o son de consigna o son venales.

Muchos policías regularmente resuelven casos arrestando a la primera persona que encuentran, por lo general con una historia fabricada por alguien que asegura ser un testigo. Los agentes del Ministerio Público y los jueces les siguen el juego, dispuestos a calmar un creciente descontento entre la gente debido a los altos niveles de delincuencia y el aumento de la violencia. ¿La Suprema Corte? Sólo recordemos el fallo en el caso de Lydia Cacho.

En estos días el caso Martí ha dado nuevamente la nota con la aparición de lo que parece ser la verdadera responsable de armar el retén donde fue detenido el joven Martí. La aprehensión de María Elena Ontiveros, La Güera y, su aceptación de que fue ella quien encabezó el retén mediante el cual se detuvo a Fernando termina de desfondar el caso de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sobre la banda de La Flor y sus personajes, Sergio Ortiz, El Apá, y Lorena Hernández, La Lore, quien supuestamente habría sido la que había participado en aquel retén.

La investigación de la policía del DF fue deficiente desde el principio. Luego que Alejandro Martí les exigió a los funcionarios presentes que, si no podían renunciaran, las autoridades del Distrito Federal "resolvieron" el caso: los secuestradores y asesinos eran de la banda de La Flor. El caso, según las autoridades, estaba resuelto. Pero resultó que no era así. El Apá parecía relacionado con otros presuntos delitos, pero no había evidencia de que hubiera participado en el de Martí.

En el caso de Lorena, ésta tiene en su favor una prueba contundente: el día del secuestro no estaba en el Distrito Federal, sino en Acapulco, y sus abogados consiguieron del Capufe las imágenes de las cámaras de seguridad de las casetas de la autopista que permiten observarla desde su salida de regreso del puerto a la Ciudad de México a partir de las 11:00 de la mañana de ese día. La investigación de la Procuraduría del DF sencillamente no se sostiene.

Con todos esos elementos, en un auténtico estado de derecho Lorena Hernández tendría que ser puesta en libertad de inmediato, pero las autoridades perredistas del Distrito Federal son obstinadas y no quieren aceptar su error, pues lo perciben como una derrota política, que sí lo es, sin duda.

¿Qué hacer? Nuestras autoridades han fallado y el personal encargado de la justicia no está capacitado. Hay que depurar, preparar y vigilar a los elementos policiacos, y obviamente pagarles bien, darles buenas condiciones de trabajo, equipo de protección, armas adecuadas, etcétera.

Pero también urge depurar, y a fondo, toda la estructura del Ministerio Público.

Una sociedad que no reaccione contra esta ineficacia no tiene esperanza y terminaremos, en un corto plazo, como una sociedad no viable. JAV