Policía y corrupción

Las formas habituales de proceder que tienen los diferentes cuerpos policíacos de Nuevo León en particular, y de México en general no son, desde luego, ni modernos, ni legalistas, ni se apegan a derecho. Y son varias, y de diversa naturaleza, las causas que puedan explicarlo. Salarios muy bajos, falta de espíritu público y una noción muy vaga de separación entre el interés público y el interés privado, estructura organizativa basada en la deslealtad, mala preparación, una sociedad que participa en la corrupción, la impunidad y un espíritu de cuerpo mal entendido son algunas de las causas más sobresalientes.

La falta del cumplimiento escrupuloso de la ley en nuestro país es un hecho y que las policías sean, con mucha frecuencia, los primeros transgresores de la ley es producto de la costumbre, de una manera, ya casi, tradicional de hacer las cosas y de "imponer el orden". Y es que el orden en México tampoco es el resultado del cumplimiento de la ley, no es el resultado del apego a la legalidad y de obediencia a la autoridad. Pocos creen en este país que la autoridad deba ser respetada porque obedece al interés de todos, porque regula las relaciones políticas, sociales y económicas equitativa y legalmente.

La forma en que están organizadas las policías responde a intereses que no son el servicio público o el cumplimiento de la ley. Predominan, y así funcionan, los intereses particulares y corporativos. Esto es coherente con un orden político como el que se da en México, en el que las lealtades personales son muy valoradas y con mucha frecuencia exigidas por encima de la ley o, desde luego, del interés público; donde el amiguismo y el influyentismo tienen una importancia decisiva en las relaciones sociales y, por supuesto, en las políticas. Así, frente a estos valores, la ley siempre ocupa un segundo lugar.

Esto mismo ocurre en la policía: la impunidad, la protección ilegal que brindan los jefes a sus subordinados tienen mucho que ver no sólo con una idea errónea de la preservación del cuerpo y de sus miembros frente a agresiones externas, sino también con un sistema de intercambio de favores, de reciprocidades. La reciprocidad es, en este marco de interpretación, importante, porque garantiza estabilidad en las relaciones y permite que se reproduzcan las relaciones al margen de la ley.

Es cierto que, con mucha frecuencia, la policía participa en los actos de corrupción por propia iniciativa, pero también lo hace obedeciendo a intereses de particulares o de grupo.

Cuando soldados del ejército trataron de inspeccionar una camioneta sospechosa que estaba siendo escoltada por una patrulla policial en Monterrey hace unos meses, el agente pidió refuerzos. En cuestión de minutos, amenazantes policías, arma en mano, rodeaban a los soldados, que tuvieron que buscar refugio. Se produjo una tensa situación que tomó una hora aclarar.

Episodios como éste son cada vez más frecuentes en la zona metropolitana de Monterrey, donde los militares combaten el narcotráfico y a policías corruptos que colaboran con los carteles.

Tan solo el año pasado se registraron 67 casos de conflicto entre soldados y policías. La situación es tan grave que el general a cargo de las operaciones militares en el noreste del país comentó recientemente que había advertido a los jefes policiales que sus hombres estaban listos para abrir fuego contra la policía si volvían a producirse incidentes de este tipo.

Lo primero que salta a la vista es que la corrupción policiaca no es un accidente ni una deformación localizada, sino un elemento estructural de nuestro orden social.

Es forzoso actuar para controlar la arbitrariedad de los responsables políticos de las policías, los márgenes de acción discrecional y la impunidad de los agentes del orden. JAV